Camilo Benítez vuelve a quedar en el centro del debate público. El actual contralor general de la República busca seguir al frente de la institución que debe controlar el uso de los recursos públicos, en un contexto marcado por auditorías, denuncias y fuertes cuestionamientos alrededor del Instituto de Previsión Social.
Benítez encabezó la Contraloría durante los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña. Ahora, su intención de continuar otros cinco años obliga a revisar no solo la existencia de auditorías, sino también los resultados concretos de esos controles.
El punto no es atribuir personalmente al contralor cada irregularidad ocurrida dentro del IPS. La pregunta institucional es otra: ¿los controles llegaron a tiempo para evitar daños o aparecieron cuando el perjuicio ya estaba instalado?
Durante estos años, el IPS acumuló cuestionamientos sobre compras, administración, faltantes, fideicomisos, obras y manejo patrimonial. Diversas publicaciones periodísticas hablaron de montos millonarios y auditorías que pusieron bajo la lupa decisiones tomadas en diferentes administraciones.
Benítez reivindica como parte de su gestión las auditorías realizadas al IPS. Sin embargo, pedir otros cinco años al frente del principal órgano de control exige más que enumerar informes. Exige explicar qué se detectó, qué se recuperó, qué se remitió a la Justicia y qué daño pudo haberse evitado con controles oportunos.
La Contraloría no existe solo para mirar después. Existe para advertir, fiscalizar y proteger el patrimonio público antes de que el dinero desaparezca.