La Fiscalía imputó al ciudadano brasileño Ismael Fenner en la causa N.º 3415/2026, caratulada “Ismael Fenner s/ producción de documento no auténtico y estafa”. El acta de imputación N.º 27 fue firmada en Asunción el 16 de julio de 2026 por el agente fiscal interino Aldo Cantero, de la Unidad Penal N.º 13.
Según el requerimiento fiscal, existen suficientes elementos de sospecha para sostener que Fenner, junto con otras personas aún bajo investigación, habría integrado una estructura destinada a ofrecer, promocionar y desarrollar programas académicos de maestría y doctorado sin habilitación ni reconocimiento oficial en Paraguay.
La Fiscalía afirma que el esquema habría utilizado indebidamente la identidad institucional, la denominación y las facultades del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) y de otras instituciones de educación superior reconocidas, sin autorización.
El documento fiscal señala que los programas eran ofrecidos principalmente a ciudadanos brasileños como supuestamente reconocidos por autoridades educativas paraguayas y aptos para producir efectos académicos o profesionales en Brasil. Los alumnos habrían pagado matrículas, aranceles e inscripciones, con montos que rondarían los 30 mil reales por alumno.
En declaraciones públicas atribuidas al fiscal Aldo Cantero, el procedimiento incluyó allanamientos simultáneos: uno en un hotel de Asunción, donde se desarrollaba el seminario, y otro en la sede de la facultad investigada.
Durante el procedimiento en el hotel habrían sido encontrados alrededor de 100 estudiantes brasileños. La investigación apunta a determinar si fueron inducidos a pagar por programas sin la habilitación correspondiente.
La denuncia también solicitó fiscalización inmediata del MEC, el CONES y la ANEAES sobre el evento denominado “Inmersión ISICast - La evolución de la educación”, además de informes sobre la situación jurídica del ISICS y la FICS, la autorización de programas académicos, la legalidad de las defensas anunciadas y la validez de los títulos.
La investigación se originó a partir de una denuncia del Ministerio de Educación y Ciencias, luego del Expediente Administrativo N.º 97.953/2026. Entre los documentos verificados figura una supuesta Resolución N.º 1024 del 10 de julio de 2009, que no fue hallada en los registros oficiales del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias.
El acta también menciona el Informe DUIS N.º 72/2026 – DPE N.º 07/2026, el Memorándum DCA-DL N.º 51/2026, informes del CONES, documentos y dispositivos electrónicos incautados durante allanamientos, además de declaraciones de ciudadanos brasileños afectados.
La calificación jurídica provisoria planteada por el Ministerio Público es producción de documentos no auténticos, prevista en el artículo 246 del Código Penal, y estafa, prevista en el artículo 187, en concordancia con el artículo 29 inciso 1.º del mismo cuerpo legal, en calidad de autor.
La Fiscalía solicitó seis meses de plazo de investigación y requirió medidas cautelares: arresto domiciliario, prohibición de abandonar el domicilio sin autorización judicial, prohibición de salida del país, obligación de comparecer ante el Ministerio Público y el Juzgado, y fianza real consistente en un inmueble valuado aproximadamente en Gs. 2.000 millones.
La imputación no constituye condena. El caso se encuentra en etapa inicial y deberá avanzar con control judicial, derecho a defensa y producción de pruebas.