A días del balance de tres años de gestión del presidente Santiago Peña, uno de los episodios que vuelve al debate público es la reunión con ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El encuentro fue cuestionado por sectores jurídicos y políticos por el impacto que puede tener sobre la percepción de independencia entre poderes del Estado.
Más allá de las explicaciones oficiales, el caso instaló una discusión de fondo: cómo preservar la separación de poderes y la confianza ciudadana en las instituciones.
En un país donde la justicia suele estar bajo la mirada de la ciudadanía, cualquier reunión reservada entre autoridades del Ejecutivo y miembros del máximo tribunal genera sospechas, interpretaciones políticas y pedidos de transparencia.
El balance del gobierno no se mide solamente por obras o indicadores económicos. También se mide por la fortaleza institucional y por la capacidad de sostener reglas claras entre poderes.